Écrit par Angel LA TORRE 14/11/07
Imigracíon
Según lo dispuesto por la nueva ley relativa al control de la inmigración, a la integración y al asilo, más conocida como “ley Hortefeux” por el apellido del actual ministro de la inmigración, de la identidad nacional, y del codesarollo, la respuesta es afirmativa, bajo ciertas condiciones.
En efecto, la intención de la nueva ley, adoptada definitivamente por el Parlamento el 23 de octubre último, es de, entre otras múltiples y variadas medidas, reescribir de manera diferente el artículo 313-10 del código de la entrada y de la residencia de los extranjeros y del derecho de asilo (CESEDA, por sus siglas en francés) con el objeto de darle una base legislativa al otorgamiento de la tarjeta de residencia temporal autorizando el ejercicio de una actividad profesional a algunas categorías de trabajadores extranjeros.
El hecho se ha visto en la práctica aquí en Francia cuando a comienzos de este año, en un restaurante de la cadena “Buffalo Grill” y en un matadero de Ile-et-Vilaine, una serie de trabajadores “sin papeles” fueron interpelados y luego regularizados pues, según los empleadores, estos últimos “no sabían” que estaban indocumentados.
La adopción “en catimini” de la enmienda que comentamos, tanto en la Asamblea nacional como en el Senado, contó con el aval del gobierno y pasó desapercibida a causa del debate que suscitó la adopción de una otra enmienda relativa a las pruebas ADN dentro de la misma ley.
El texto de la enmienda en virtud de la cual la medida ha sido adoptada dice lo siguiente “A título excepcional, es necesario poder regularizar trabajadores. Esta enmienda faculta a la autoridad administrativa para regularizar a un extranjero, con la reserva de que obtenga un trabajo en un oficio y en una zona geográfica caracterizada por dificultades de reclutamiento”.
La enmienda, que como ya lo mencionamos, ha sido avalada por el gobierno actual, tiene la voluntad de conceder tarjetas de residencia temporal (de un año) a los extranjeros para que éstos puedan trabajar en oficios y áreas geográficas caracterizadas por dificultades de reclutamiento y que figuren en “la lista establecida por la autoridad administrativa tras consulta con los sindicatos”.
Esta demanda de regularización deberá, contrariamente a lo que se estilaba hasta ahora en esta situación, ser presentada por los mismos empleadores de los posibles beneficiarios.
La idea es que esta regularización se efectúe “caso por caso” pero lo cierto es que una gran cantidad de personas podrá beneficiar de esta pequeña apertura de la puerta de entrada a Francia. Entre ellos, por supuesto, una inmensa mayoría de latinoamericanos “sin papeles” que testimonian con su esfuerzo diario de una real integración por el trabajo en Francia.
El impacto de la medida puede ser importante y de esta manera se podrá clarificar la situación de muchas personas que están “obligadas” a trabajar “al negro”. De todas maneras la regularización de los trabajadores “sin papeles” será un buen negocio para el Estado pues esta es también una manera de recuperar nuevas personas que cotizarán legalmente a las cargas sociales obligatorias.
Hay que recordar, simplemente y a manera de comparación, que en España 600 000 personas fueron regularizadas por el gobierno de Rodríguez Zapatero en el año 2005 y que la medida permitió salvar a mucha gente que era injustamente explotada por empleadores sin escrúpulos.
En Francia, por definición, no se puede saber el número de personas que podrán beneficiarse de esta medida pero lo que se sabe desde ya, de acuerdo al ministro Brice Hortefeux, es que 470 000 ofertas de empleo permanecían vacantes en el Hexágono pues, según sus declaraciones, “por qué negarlo, se trata de empleos que nuestros ciudadanos no quieren ocupar”.
Estos empleos se encuentran especialmente en los sectores que tienen dificultades endémicas de reclutamiento como la agricultura, la construcción, la hotelería y la restauración.
Lo que es cierto es que el presidente francés, de acuerdo a sus propias afirmaciones, quiere hacer pasar la inmigración económica del 7 % actualmente al 50 % el año próximo.
Por el momento no se ha determinado todavía los puestos de trabajo y las regiones geográficas exactas que podrán beneficiarse de la medida que nos ocupa.
Lo que se sabe ya es que el tratamiento de los expedientes entrará dentro del poder discrecional de los Prefectos, lo que hace pensar un poco a la desigualdades de tratamiento en los diferentes departamentos franceses y a la arbitrariedad que ello representa.
Se recomienda pues presentar un expediente bien consistente y con la ayuda de un profesional del derecho para tener mayor posibilidad de éxito en la gestión.
Por otro lado, cuando una empresa transnacional hará venir un trabajador extranjero, éste obtendrá un título de residencia sin que la administración tenga que apreciar la oportunidad de dicha venida con relación a la situación del empleo en Francia.
En otras palabras, a partir de la entrada en vigor de la nueva ley no habrá más la sacrosanta oposabilidad del empleo por parte de los trabajadores franceses. La preferencia nacional en este caso quedará entonces abrogada.
En estos tiempos de marasmo económico y de “caza” al inmigrante “sin papeles” a causa justamente de la famosa política de inmigración “elegida”, hay que admitir que esta es una buena noticia y un balón de oxígeno para las miles de personas que se encuentran en este caso y que podrán beneficiar de la medida.
La aplicación efectiva de la nueva ley se realizará a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial de la República francesa (JORF, por sus siglas en francés). Esta publicación tendrá que esperarse un poco debido a que más de sesenta diputados del PS (partido socialista), el PCF (partido comunista francés) y otros, incluido el ex candidato a la presidencia de la República François Bayrou, han interpuesto el 25 de octubre último, un recurso ante el Consejo Constitucional demandando que los “sabios” censuren algunos artículos de la nueva ley y, en particular, declaren inconstitucional la aplicación de las pruebas ADN incluidas en la misma ley a efectos de la reagrupación familiar.
Hay que remarcar, finalmente, que la medida adoptada respecto a la regularización por el trabajo de los extranjeros indocumentados en Francia -materia del presente comentario- no cuenta con ninguna contestación legal, salvo la simple opinión de la hija del tenor de la extrema derecha que ha tendenciosamente calificado esta disposición de la nueva ley como una “regularización masiva disfrazada”.
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